Dos menores de 13 y 11 años que presenciaron cómo su padre mataba a su madre a cuchilladas tendrán que irse a vivir con la hermana del asesino porque así lo ha decidido un juez en Toledo. Ella no es culpable de nada, pero es un familiar con el que apenas han tenido contacto, que vive en otra ciudad y con la que no quieren ir. El dolor, el drama, de las víctimas de violencia de género no termina nunca y quien debe repararla no lo hace.
La madre se llamaba Liliana, tenía 43 años, trabajaba como limpiadora y consta como la víctima número 4 del 2020. El padre se llama Daniel y el pasado 21 de enero asesinó a su mujer mientras sus dos hijos estaban en casa. La mayor de 13 años salió a la calle gritando, pidiendo ayuda. Habían llegado a La Puebla de Almoradiel, un pueblo de Toledo de 5.000 habitantes, en el 2006 provenientes de Rumanía y allí encontraron trabajo y echaron raíces. La hermana del asesino vive en Cuenca y hace años que los niños no la ven, así que cuando su padre mató a su madre se quedaron a cargo de dos familias del pueblo en régimen de acogimiento temporal; dos familias que les conocían desde que nacieron y que compartían escuela y juegos con sus hijos. Ahora, un juez de Quintanar de la Orden ha decidido que frente a la acogida, es más recomendable que los menores se vayan con la hermana de Daniel. Con su edad, 13 y 11 años, no resulta difícil imaginar el sufrimiento por el que están pasando, pero nadie está teniendo en cuenta sus deseos, lo que ellos quieren cuando la única vida que conocen es la del pueblo, sus amigos, el colegio, y cuentan con el apoyo de varias familias dispuestas a acogerlos. Los vecinos se concentraron también frente los juzgados ayer, pero no ha servido para nada por el momento. La tutela es provisional y se mantendrá hasta que finalice el procedimiento penal a su padre, así que hay aún esperanza.
La estadística oficial habla de 268 menores huérfanos de madre desde el 2013. Los hijos e hijas de las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas suelen enfrentarse a un sistema que olvida lo que les ocurre, que han presenciado malos tratos o estado presente en el momento del asesinato. Aunque la ley les concibe desde 2015 como víctimas directas de la misma violencia que sufren las mujeres, muchos atraviesan situaciones de desamparo después de que la figura que supuestamente debía protegerles haya matado a sus propias madres. No se han diseñado protocolos específicos que garanticen su recuperación, ni se hace seguimiento de los casos y uno de cada tres no recibe la pensión. Las leyes, los jueces, los trabajadores de Bienestar Social que evalúan la situación y todos los que tratan con huérfanos víctimas de la violencia machista deben ponerse las pilas ya. Añadir más pena de la que ya tienen es, sencillamente, formar parte de un sistema inhumano.
